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trascendencia del derecho de peticion

DESDE MI TRINCHERA

POR: ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

TRASCENDENCIA  DEL DERECHO DE PETICION

 

Las autoridades administrativas, Alcaldes, Gobernadores, Gerentes, Directores de entidades descentralizadas, representantes legales de Colegios, Universidades, Fundaciones, etc, están en mora de conocer el alcance de la Ley 1437 de 2011 o Código de procedimiento Administrativo  y De lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con el Derecho de petición.

En primer lugar, la nueva ley establece que cualquier escrito o actuación que inicie una persona ante una autoridad pública o privada, debe entenderse como derecho de petición, sin importar si se enuncia o no como tal o se invocan los artículos de la constitución o de las leyes pertinentes. La explicación de la disposición consiste en que el derecho de petición lo puede presentar cualquier persona, sea o no abogado.

El segundo aspecto tiene que ver con la habilitación de los medios electrónicos para presentar el derecho de petición, lo que implica que por internet, accediendo a la página de la entidad, cualquier persona puede solicitar el reconocimiento de un derecho (una pensión), que se resuelva una situación jurídica (problemas de multas),que se le preste un servicio (exámenes médicos por parte de una EPS),pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias, reclamos e interponer recursos. Aclarando que el Derecho de petición, también se puede seguir presentando por medio escrito o de forma verbal u oral, caso éste, en que la autoridad está obligada a recepcionar y asesorar al ciudadano, ciudadana, niño o niña.

El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 consagra expresamente, como regla general, un término de quince días para resolver el derecho de petición, so pena de sanción disciplinaria, lo grave, para servidores públicos o responsables de contestar, es que la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, constituyen faltas gravísimas, que dan lugar a la destitución del cargo.

En cuanto al contenido de la respuesta al derecho de petición, la Corte Constitucional, en sentencia T-220 de 1994 estableció que: “El derecho de petición comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. arts. 2º y 86) se une en este punto con el principio constitucional de la eficacia administrativa (art. 209).”

De lo anterior se desprende que existen tres exigencias para las autoridades:

“En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no sólo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible, el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna”.

Así mis queridos Alcaldes, Gobernadores, Ministros, gerentes, Directores, Rectores, que el derecho de petición no es un juego, puede costar el puesto.

                                                

 

 

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