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Justicia Indigena

DESDE  MI TRINCHERA

POR: ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

JUSTICIA INDIGENA

 

A raíz de la captura de varias personas en el Municipio de Santander de Quilichao por parte de la guardia indígena  del Cabildo de Canoas originado por el hurto de una motocicleta, se han planteado diversas opiniones acerca de la jurisdicción especial indígena en lo que tiene que ver con su competencia.

Los hechos se presentaron por fuera del territorio del cabildo, lo que ha generado controversia, pues algunos dicen que la captura de los jóvenes constituye un secuestro y los representantes de los pueblos indígenas dicen que actúan bajo el marco de su legislación indicando que aunque un comunero o comunera indígena salga de su territorio no deja de ser indígena, es decir donde haya un integrante de una comunidad indígena es territorio indígena.

La interpretación que hacen las autoridades indígenas es polémica, por lo siguiente: a.- Si un indígena es víctima de un delito en cualquier ciudad del País o por fuera de éste, puede la guardia indígena proceder a capturarlos?. La respuesta es negativa, en virtud a que los cabildos indígenas son entidades territoriales claramente delimitadas y solamente dentro de su territorio rigen las normas especiales.

b.- Si el miembro de un cabildo delinque por fuera de su territorio queda cobijado por la ley del lugar de los hechos, en cumplimiento del principio de territorialidad que rige el derecho penal. Recordemos que la extradición de colombianos hacia Estados Unidos se basa precisamente en este postulado.

Hecho el anterior análisis, pasemos a mirar lo que está sucediendo realmente no solo en Santander de Quilichao sino en todos los municipios del País, para entender la reacción del cabildo Indígena de Canoas.

Lo primero que tenemos que decir es que la comunidad del cabildo se cansó de ver como  sus miembros son víctimas de homicidios y robos perpetrados por bandas criminales en la cabecera municipal, sin que la Fiscalía haya logrado identificar a los autores y muchos menos, judicializarlos. La reacción de los pueblos indígenas es igual a la que sentimos todos los Colombianos, que presenciamos inertes como a diario en los trancones atracan a los ocupantes de vehículos, despojan a los motociclistas, desvalijan apartamentos, matan gente por robarle un celular, extorsionan comerciantes, profesores, jubilados, y la Fiscalía no muestra ningún resultado.

 Es curioso que las autoridades Indígenas hayan encontrado rápidamente a los responsables de los hurtos de las motocicletas de que son víctimas los miembros de su comunidad y seguramente comprometidos con homicidios, en tanto que ni la Fiscalía ni la Policía  hayan podido iniciar una investigación sobre los mismos hechos y muchos menos imputar cargos.

Como van las cosas deberíamos entregarles a las autoridades indígenas el manejo de las investigaciones de todos los delitos que se cometen en el territorio Nacional para ver si por fin la Fiscalía y los Jueces Penales cumplen con la obligación Constitucional de administrar Justicia y evitar la vergonzosa impunidad que nos carcome.

 

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