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Asesinato de lideres sociales

DESDE MI TRINCHERA

POR ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES

Los hechos violentos registrados en nuestra Patria en los últimos días  relacionados con  homicidios de líderes campesinos vinculados con el tema de la restitución de las tierras usurpadas por grupos terroristas, necesariamente nos pone a reflexionar sobre la aplicabilidad real de la Ley 1448 de 2011, en la cual se consideran víctimas, según el artículo 3º  a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, a quienes se les debe restituir las tierras que les fueron arrebatadas  a título de indemnización.

 

Efectivamente, el martes 9 de abril de 2011, el señor David Góez Rodríguez, líder del proceso de reclamación de tierras en Tulapas, municipio de Turbo (Antioquia), fue asesinado al mediodía del miércoles en Medellín, seis horas más tarde murió por cuenta de hombres armados Ever Verbel Rocha, cerca de su finca en  San Onofre (Sucre), un día antes fue asesinado  Bernardo Ríos Londoño, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

El primer punto que debemos abordar es quien está detrás de la muerte de los dirigentes campesinos, encontrando respuestas obvias, para todo el mundo, incluyendo a la Fiscalía, a la procuraduría, al Ministerio de Defensa, Policía, Ejército: Los actuales poseedores de los inmuebles y directos beneficiarios de la explotación económica, sin importar si participaron directa o indirectamente en las conductas criminales de despojo, son los primeros sospechosos.

No cabe la menor duda que quien ocupe un predio adquirido ilícitamente no puede reclamar derechos legítimos en un Estado Social De Derecho, como el que nos rige actualmente. Es lo mismo que sucede con los reducidores o receptadores, los bienes se incautan al comprobar su proveniencia criminal, sin que se pueda alegar buena fe. En el caso del despojos de tierras a campesinos indefensos, a través de masacres, desapariciones, torturas, jamás se podrán aceptar oposiciones a las restituciones, por más que se alegue la condición de empresarios o de miembros de “distinguidas” familias.

El segundo punto a considerar es la posición del Estado frente a la protección de los líderes y de los campesinos que recuperan las tierras. Indiscutiblemente el Estado está obligado a establecer un sistema de seguridad con la fuerza pública, con control total de las zonas de restitución, e implementado redes de inteligencia que detecten a tiempo las intenciones macabras de los grupos criminales.

 

Ahora bien, la misma Ley 1448 de 2011 contempla que el Estado debe garantizar, no solamente la restitución sino también la permanencia de los campesinos, lo que se logra cuando se suministren herramientas, asesoría técnica, condiciones dignas de vivienda, planes de educación y salud, a estas personas que lo perdieron todo injustamente, muchas veces con la complicidad de funcionarios corruptos. Devolvámosle la dignidad a nuestros compatriotas, que por culpa de organizaciones criminales, fueron condenados a deambular por las calles de las grandes ciudades, sufriendo la indiferencia de muchos insensatos.

 

 

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