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Revocatoria de Alcaldes

DESDE MI TRINCHERA

POR ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

REVOCATORIA DE ALCALDES

A propósito de la campaña de revocatoria del mandato del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, adelantada por el Congresista Miguel Gómez Martínez, hijo de Enrique Gómez Hurtado, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y Nieto de Laureano Gómez, se hace necesario precisar los fines y objetivos perseguidos en las leyes 134 de 1994  y 741 de 2002, para justificar la medida.

El artículo 65 de la Ley 134 dice  que la solicitud de convocatoria a la votación para revocar debe fundamentarse en la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de Gobierno y además debe haber transcurrido, por lo menos, un año de la posesión. También se exige que participe el cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario.

Estos tres requisitos indican que prevalece la voluntad de quienes eligieron al alcalde o Gobernador, por cuanto es el programa de gobierno la piedra angular del proceso. Es obvio que en el caso de Petro y de cualquier Alcalde, la elección se da por el convencimiento de los electores de los planes y programas ofrecidos en la campaña política, que entre otras cosas, es obligatorio  registrarlo en el momento en que se inscribe la candidatura. En el momento en que sale elegido un mandatario regional o local, debe entenderse que ganó un programa de gobierno y fue derrotado otro u otros ofrecidos por la competencia.

Absurdo sería que los perdedores impulsaran una revocatoria  del ganador sobre la base de una presunta insatisfacción que no esté vinculada con el programa ofrecido por el Alcalde o Gobernador, salvo que se trate de hechos de corrupción. En este orden de ideas, como la ley establece la obligación de justificar la solicitud de votación, que entre otras cosas le cuesta al erario público alrededor de cincuenta mil millones de pesos en Bogotá, el Registrador Nacional del estado Civil, puede negarse a tramitarla, así se reúnan las firmas, sino se cumple con el requisito de concretar las causas de la insatisfacción general de la ciudadanía, que debe ajustarse a un incumplimiento del programa ofrecido.

Es que la convocatoria a la votación para revocatoria es parte de las herramientas democráticas establecidas en la Constitución de 1991 para ejercitar  un control real del poder por parte de la ciudadanía, que no se ejerce de cualquier manera y mucho menos de forma arbitraria, tanto es así, que la misma ley 134 en su artículo 75 establece que en caso de prosperar la revocatoria  el funcionario reemplazante dará cumplimiento, en lo que fuere pertinente, al programa inscrito para la gestión gubernamental en el respectivo período.

 

Estas normas interpretadas sistemáticamente, como debe ser, son claras en preceptuar que el programa de gobierno inscrito por los candidatos, es el fundamento de futuras solicitudes de revocatorias, con el entendido de que el núcleo esencial  de las reglas establecidas por el legislador, es la protección de los derechos de los votantes o electores a exigir que se cumplan las promesas de campaña.

Es aberrante que los perdedores pretendan utilizar la figura democrática de la revocatoria para reivindicar propuestas que fueron derrotadas en las urnas, solamente para satisfacer sus odios o darle gusto a sus vanidades. Si no fuera porque estas mezquindades de políticos tradicionales le cuestan al presupuesto Nacional millonarias suma de dinero que le falta a los hospitales y escuelas, yo me abstendría de opinar sobre este asunto de vanidades y orgullos.

 

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