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la Justicia cojea pero pasea

DESDE MI TRINCHERA

POR ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

LA JUSTICIA COJEA PERO PASEA

A raíz de los escándalos protagonizados por los Magistrados de las altas Cortes (Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado), consistentes en paseos y tours por todo los países del mundo, ganando sueldos y viaticando con los dineros que paga el pueblo en impuestos, vale la pena reflexionar sobre la situación actual de la justicia en Colombia.

 Impunidad.-  Colombia registra una de las tasas más altas de impunidad entre todos Estados pertenecientes a las Naciones Unidas, acercándose al 95% en materia penal y en el orden del 80% en justicia civil, administrativa y laboral. La falta de investigación y la consecuente ausencia de sanciones para los miles de delitos que a diario se cometen en nuestro País, ha incrementado la presencia de pandilleros y bandas criminales que hoy azotan a nuestras ciudades y municipios, amparados en la omisión perniciosa de los Magistrados turistas e indolentes que viven más preocupados por sus recorridos en cruceros y en hoteles cinco estrellas, pagados con el dinero de los Colombianos, que en la seguridad de la gente honesta de nuestro País.

En el tema civil, las cifras son alarmantes, para nada ha valido la expedición del nuevo Código general del proceso, en los despachos de Jueces Civiles Municipales, Jueces Civiles del Circuito, Tribunales Superiores y Corte Suprema de Justicia, duermen en los archivos miles de expedientes sin que se tomen decisiones, situación que genera violencia por parte de las víctimas, que no encuentran respuestas en el Estado.

En la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la situación no puede ser peor, es triste que existiendo un proceso oral implementado por la Ley 1437 de 2011, las demandas se tomen más de cuatro meses para ser admitidas, un año para notificar al demandado y cuatro cinco años para un fallo de primera instancia y otros cinco para una decisión de segunda instancia.

Es cierto que la Ley 270 de 1996 consagra la posibilidad para que los Magistrados dispongan de cinco días al mes para realizar gestiones personales, también es cierto que la norma habla de casos de calamidad doméstica o urgencias, y en ningún caso para realizar turismo, como lo hizo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sumados los permisos (5 X 12= 60 días al año), más el cierre de diciembre y semana Santa, tenemos que en la rama judicial, los magistrados trabajan escasamente ciento cincuenta días al año.

Lo más aberrante de todo esto es que los altos “dignatarios de la Justicia”, en los días hábiles se dedican a la docencia en todas las universidades donde les ofrecen jugosos honorarios, en postgrados, sacrificando totalmente sus obligaciones con los usuarios de la justicia.

Quisiera que alguien fuera al Palacio de Justicia en Bogotá a buscar un magistrado el día jueves por la tarde o el lunes todo el día y encontrara como respuesta “El Doctor no se encuentra”.

En conclusión, los Colombianos estamos pagado el servicio público de administración de Justicia para que los Magistrados se dediquen a pasear y a  ganar dinero como docentes en las especializaciones de las Universidades de Colombia y el exterior.

 

 

 

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