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Plebiscito o Constituyente

DESDE MI TRINCHERA

POR ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

PLEBISCITO O CONSTITUYENTE

En el segundo punto de la agenda de los diálogos que se adelantan en la Habana- Cuba, entre el Gobierno Nacional y las FARC, se discute el tema de las reformas que se requieren en materia de organización del Estado y de participación política. La organización subversiva propone que los acuerdos logrados se lleven a una Asamblea Nacional Constituyente, previamente convocada, para que con las amplias facultades de ésta se profundice en las reformas que se requieren de manera urgente para recuperar las instituciones del cáncer que las carcome.

Los dos ex presidentes vivos de la Constituyente de 1991, Antonio Navarro y Horacio Serpa, se han mostrado partidarios de  llevar a un plebiscito los acuerdos alcanzados entre gobierno e insurgencia. La diferencia entre uno y otro mecanismo es que por medio de la asamblea constituyente se reforma la constitución, en cambio con el plebiscito solamente se aprueban los acuerdos sin tocar la carta política.

Dadas las circunstancias actuales de corrupción en todos los entes estatales, principalmente en las altas Cortes ( Corte Suprema de Justicia, Consejo De Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional), Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Fiscalía y sobre todo, el Congreso de la República, contaminadas de nepotismo, de pago de favores, carruseles de pensiones, de contratos, paseos con viáticos del erario público,etc., se requiere de una cirugía invasiva y no de meros retoques cosméticos, para extirpar el tumor canceroso que nos está matando.

Las reformas que se requieren en materia de salud, de restitución de tierras, de indemnización de víctimas, de control al latifundio para que los grandes grupos empresariales no se apoderen de los terrenos baldíos, que por ley le pertenecen a los campesinos, también exigen reformas a la constitución Nacional donde expresamente deben consignarse los derechos de los más débiles y las prohibiciones para los  grupos económicos, que con marullas y tinterilladas se burlan de la ley.

Constitucionalmente debe consagrarse la obligación del Estado de combatir con todas las herramientas jurídicas y de fuerza pública, a todas las organizaciones criminales y expresiones del delito. No me parece descabellado que se plantee la elección popular de Fiscal General, Procurador General y Contralor General, para que se despolitice el actual sistema que no solamente contamina al Congreso sino a la Rama Judicial y no permite que se presenten resultados reales en sus gestiones.

 

En este momento en Colombia, la Fiscalía solo investiga delitos que den prensa, dejando de lado los miles que le ocurren al común de las personas.

Nadie entiende como el actual Procurador actúa contra la voluntad popular oponiéndose al proceso de paz, anhelo de todos, y desacatando los fallos de la Corte Constitucional, sin que le pase nada.

Solo falta decir que una Asamblea constituyente es la única que puede acabar con la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes que permite que los delitos de altos funcionarios queden impunes.

 

 

 

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