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Golpe mortal a la justicia

DESDE MI TRINCHERA

POR ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON

 

GOLPE MORTAL A LA JUSTICIA

El episodio del “magistrado” Henry Villarraga, en el que se compromete a cambiar el juez a un coronel por ofrecimientos monetarios, es el último de una serie de hechos de corrupción que involucran a los Magistrados Ovidio Claros  (comprador de remates, carrusel de pensiones), Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano, Pedro Sanabria (carrusel de pensiones) María Mercedes López  (carrusel de pensiones y tutela con conjueces para tumbar sentencia de Tribunal y conceder libertad a peligrosos delincuentes), ameritan  medidas de urgencia para evitar que siga cayendo la imagen y la majestad de la Administración de Justicia en Colombia.

Para entender la problemática tenemos que empezar por analizar la forma como son elegidos los Magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, encontrando que fue el constituyente de 1991 el responsable de crear la funesta formula, en que el Presidente elabora la terna y el Congreso elige (artículo 254-2 de la Constitución Política), obviamente esta mezcla de poderes solo pueden engendrar un monstruo nacido de las entrañas de la politiquería. Veamos: Angelino Lizcano, viene de ser Secretario de la Cámara de Representantes por cuatro periodos; Ovidio Claros, viene de ser contralor de Bogotá y representante a la Cámara; Julia Emma Garzón, se ha desempeñado en la contraloría General de la República en cargos medios; Pedro Sanabria, Ex candidato a la gobernación de Boyacá; Henry Villarrraga, sin ninguna experiencia laboral en entidades públicas. El común denominador de estos personajes es que no han tenido  vínculos anteriores con la rama judicial, ni han fallado proceso alguno, no conocen el funcionamiento interno de los Juzgados ni de los Tribunales.

Los delegados de la Asamblea Constituyente de 1991, le entregaron a la clase política la administración de la Justicia en Colombia, no solamente para dirimir conflictos de competencia entre jurisdicciones, sino para manejar el billonario presupuesto de la rama judicial y para nombrar los funcionarios, que no son de carrera. Es un poder omnímodo  que se reparten milimétricamente entre la nueva cúpula del poder en Colombia compuesta por Magistrados de altas cortes, que sin ninguna vergüenza se pasean por una y otra, con el discurso de tú me eliges yo te elijo, como el caso reciente de los señores Ricardo Monroy, Francisco Javier Ricaurte, y otros que salen de una corte y entran a la otra.

 

 

 

 

Lo peor de todo este cuento es que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, integrada por personajes sin ninguna experiencia en la administración de justicia, producto de pactos politiqueros, es la encargada de adelantar los procesos disciplinarios contra los jueces y magistrados de Tribunales, con los consecuentes fallos amañados y carentes de la mínima sustentación jurídica, que es lo mínimo que se le puede pedir a un Juez.

Los casos de corrupción que involucran a estos individuos hacen que la sociedad se ponga de pie y propicie una salida rápida para recuperar la dignidad en la Justicia, convocando inicialmente a los funcionarios y empleados de la rama, para que cesen sus labores hasta tanto no se limpie la cabeza.

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