• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Preparémonos para el plebiscito

PREPARÉMONOS PARA EL PLEBISCITO

 

Por: Adolfo León Oliveros Tascón

El Gobierno Nacional ha convocado a la ciudadanía para que se pronuncie sobre el acuerdo del fin del conflicto con la guerrilla de la FARC, para el domingo 2 de octubre de 2016, día en que los colombianos debemos responder la siguiente pregunta:

¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?".

Es apenas obvio que para actuar responsablemente con nosotros mismos y con las nuevas generaciones debemos leer desprevenidamente cada uno de los puntos acordados y tratar de entenderlos y de esta manera evitar ser manipulados en un sentido u otro.

Como quiera que el documento final que contiene los acuerdos consta de 297 páginas es comprensible que muchas personas no van a tener el tiempo o la paciencia para realizar tan extensa lectura, que sería lo ideal, pero siendo realistas tenemos que aceptar tal situación. En este sentido es de resaltar el esfuerzo que están realizando muchas instituciones y personas para llevar el conocimiento de los acuerdos a todos los rincones y escenarios de la patria, en especial la Universidad del Norte quien encomendó a prestigiosos y reconocidos tratadistas, la elaboración de una cartilla didáctica donde explican con palabras sencillas cada uno de los seis puntos pactados en la Habana -Cuba.

Es una campaña muy corta, con escaso tiempo para hacer pedagogía de fondo, circunstancia que aprovechan los enemigos de la paz para confundir a los electores, con frases efectistas que infunden miedo, tal como sucedió en Inglaterra con el BREXIT o la salida de la comunidad europea. Hoy los jóvenes ingleses reclaman a los viejos por haber votado sin pensar en ellos.

Motivos para decir SI en el plebiscito

  1. Al leer los textos acordados encontramos que las reformas que se plantean allí son deudas de muchos años que tiene el Estado con la gente más pobre de este país y con las regiones tradicionalmente olvidadas. Por ejemplo, en el Choco existen poblaciones sin energía, acueducto, vías de comunicación, alcantarillado.
  2. Igualmente, el estado tiene una deuda con todos los desplazados de nuestro País (Siete millones novecientas mil personas) a quienes hay que restituirles las tierras, apoyarlos en el regreso a las parcelas, dotarlos de servicios públicos, etc.
  3. La sustitución de cultivos ilícitos y el control de la minería ilegal, no solo va a proteger el medio ambiente para todos, sino que servirá para mejorar la seguridad en el campo y en las ciudades. Atacando estos flagelos, se disminuirá el micro tráfico que es la gasolina que permite la existencia de bandas crimínales.
  4. El solo hecho de evitar, con el desarme de la FARC EP, que se presenten más muertos y heridos de personas provenientes de los sectores populares y campesinos, como son los policías, soldados y los mismos insurgentes, se justifica apoyar el acuerdo del fin del conflicto que el Gobierno Nacional suscribió con los representantes de la organización subversiva, después de cuatro años de estudio rigurosos de las propuestas.

Lo estipulado en el Acuerdo no es un capricho ni una decisión ligera del Presidente de la República, por el contrario, Es el resultado de la intervención de múltiples personas naturales y jurídicas, entre ellas las víctimas de la guerra, la fuerza pública, representantes de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Comunidad Europea, hoy todos respaldan plenamente lo acordado para acabar el conflicto armado. El Presidente Barack Obama ha dicho en reiteradas ocasiones, que es lo mejor que le puede suceder al pueblo de Colombia, opinión que comparte la señora Hillary Clinton, quien consideró que la culminación de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Farc "va a ser un gran paso hacia delante" para el país andino.

A continuación, los puntos acordados que se someten a la decisión de la ciudadanía

 

Punto 1: Reforma Agraria integral

 

La protagonista y beneficiaria principal es la familia campesina, sus tierras, sus territorios y sus organizaciones. Además, estos prestan atención particular a las mujeres y a los campesinos víctimas del conflicto. Reconoce a la economía campesina como medio para superar la pobreza, lograr el bienestar en el campo y asegurar la producción agropecuaria en un país que importa buena parte de sus alimentos.

Las medidas de acceso y uso están orientadas a lograr que los campesinos accedan a tierra suficiente, de un lado, y puedan explotarla de manera adecuada, de otro. Las partes contemplan adjudicar, formalizar y restituir tierras rurales. Para adjudicar tierra al campesino que no la tiene o la tiene en cantidad insuficiente, se crea un Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Este será de carácter permanente y constará de 3 millones de hectáreas que serán distribuidas de forma gratuita. Las tierras del Fondo provendrán de extinción de dominio, apropiación de baldíos, delimitación y actualización de la Reserva Forestal. Además, el Gobierno se comprometió a otorgar subsidios y créditos especiales de compras en zonas priorizadas.

Y el Gobierno se compromete a titular 7 millones de hectáreas en zonas priorizadas, Zonas de Reserva Campesina y otras que determine. La adjudicación y la formalización se sustentarán en la formación de un catastro integral y multipropósito para el registro de los inmuebles rurales, una de las principales debilidades históricas del país. Para ello, el apoyará a los municipios, técnica, administrativa y financieramente. Además, adecuará la normatividad para que estos fijen las tarifas de impuesto predial bajo el principio de progresividad: paga más, quien tiene más.

Estos programas se harán en todo el país, pero seguirán un criterio de priorización con base en: niveles de pobreza, grado de afectación por el conflicto, debilidad institucional, presencia de economías ilegales.

Para superar la pobreza y la desigualdad rural, así como para cerrar la brecha entre campo y ciudad, los gobiernos formularán Planes Nacionales que contendrán medidas relativas a infraestructura y adecuación de tierras, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa.

Por: Paola García Reyes - Master en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

 

Punto 2: Participación política

 

Sin restar importancia a los demás puntos de la agenda que se acordó en La Habana, evidentemente el tema de la participación política resulta ser, más que controversial, fundamental para el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia. Quizás lo controversial del punto, a juicio de algunos, esté en el hecho de creer, de forma simple, que una vez suscrito el Acuerdo Final, los miembros de las Farc llegarán de forma directa e inmediata a hacer parte del Congreso de la República. Hecho que no sucederá, tal como está planteado en los acuerdos alcanzados en este punto. Al respecto, frente al tema de la participación política hasta hoy se ha llegado a acuerdos clave dentro del proceso de negociación: en primer lugar, entender que nuestro sistema político requiere, como condición para construir la paz, de una apertura democrática que permita no solo el reconocimiento de otros actores políticos, sino la garantía de un efectivo ejercicio del derecho a la oposición, tanto por parte de los partidos políticos como de los movimientos sociales. Implica esto la inclusión, con perspectiva de género, de “nuevas voces” para que enriquezcan el debate político y social; el diseño de medidas que garanticen la promoción y participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos hoy del debate político. Se espera que con la implementación de los acuerdos en materia de participación se rompa el vínculo política-armas y se pase a la promoción de la relación política-ideas.

El sistema de partidos, en cualquier régimen político, no se configura o reconfigura, por el simple hecho de un aumento o disminución de la oferta partidista. Requiere, además, una reforma al sistema electoral y al régimen mismo de partidos. De producirse esta, resultaría altamente probable que tanto en el ámbito nacional como territorial se observará una reconfiguración de las relaciones interpartidistas, es decir del sistema de partidos. En este sentido, es necesario que se reformen no solo las reglas del Código Electoral, sino, también, aspectos relacionados con el mínimo de votos requeridos para el acceso a la distribución de escaños, la fórmula para convertir votos en curules, la modalidad del voto, por ejemplo.

Por: Carlos Guzmán Mendoza - Doctor en Ciencias Políticas

 

Punto 3: Fin del conflicto

 

 

Desde antes de cerrar este acuerdo, las partes se comprometieron e iniciaron un real proceso de desescalamiento de las acciones armadas que, según la Fundación Paz y Reconciliación, ha prevenido aproximadamente 1.500 muertes; el definitivo y bilateral cese al fuego, está atado a la verificación internacional y esta solo puede realizarse efectivamente si hay concentración territorial de las fuerzas insurgentes.

Dentro de este acuerdo se ha establecido un mecanismo verificador del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas, que debe culminar, como máximo, 180 días después de la firma formal del Acuerdo Final.

El mecanismo de monitoreo y verificación será tripartito y estará integrado por delegados del Gobierno, las Farc y un componente internacional, el cual será su máxima autoridad. Dicho componente, en cabeza de Naciones Unidas, es el encargado de interactuar con la sociedad civil y las instituciones estatales presentes en los territorios en los que se concentren las unidades guerrilleras. En este marco se crean 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 campamentos. Las ZVTN buscan facilitar el cese al fuego, la dejación de armas e iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil de los combatientes de las Farc. En otras palabras, en este punto se pactó la forma en la que las Farc desaparecerán como grupo armado y se convertirán en un partido político.

En cuanto a la reincorporación de los excombatientes, a las Farc se le otorgaron garantías de representatividad política en el Congreso para el partido político que conformen una vez dejen las armas. Dichas garantías comprenden un mínimo de 10 curules, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, en las elecciones de 2018.

También se garantiza un financiamiento estatal para su partido político similar al de los partidos constituidos, como La U, el Partido Liberal o el Partido Conservador. Esta financiación será del 10% del presupuesto total que distribuye el Estado entre los partidos y un 5% adicionas para la promoción de su ideología. Por su parte, los desmovilizados podrán acceder a una serie de subsidios y acompañamiento sicosocial, así como a la promoción de proyectos productivos.

Por: Luis Fernando Trejos - Doctor en Estudios Americanos

 

Punto 4: Solución al problema de drogas ilícitas

 

El documento se refiere a la necesidad de una solución integral que comprenda todo su decurso: desde el cultivo, la producción y la comercialización hasta el consumo, pero acepta que para eso es necesario lograr consensos y definiciones globales en las que intervengan todos los Estados y particularmente aquellos que han estado involucrados en el problema, sea como productores o como consumidores.

El acuerdo se basa en cuatro líneas fundamentales:

1. Desarrollar un proceso efectivo de sustitución de cultivos ilícitos que permita a los campesinos aprovechar las oportunidades que traerá consigo el Programa de Desarrollo Agrario Integral. Al respecto el acuerdo prevé que el Gobierno Nacional ponga en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, constituido como la autoridad competente para el proceso de sustitución. Estará en cabeza de la Presidencia de la República y actuará en coordinación con las autoridades departamentales y municipales.

2. Diseñar una estrategia que permita tratar el consumo de drogas dentro de una perspectiva de salud pública que descriminalice a los consumidores y atienda a los enfermos como tales, a partir de la estructura de salud.

3. Generar políticas o acuerdos que permitan el reconocimiento de usos ancestrales de las plantas de coca y marihuana y que abra la posibilidad de utilizarlas lícitamente para fines terapéuticos y científicos.

4. Intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades de finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción.

Por: Silvia Gloria de vivo - Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas

 

Punto 5: Víctimas y justicia

 

El acuerdo sobre las víctimas se ha consolidado en un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuyo núcleo es el compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas. El reconocimiento de estas no solo tiene un tratamiento jurídico, sino que sus posturas han sido retomadas en foros y por las delegaciones que asistieron a La Habana (con representación de diferentes grupos poblacionales de campesinos, indígenas y afrodescendientes).

Este acuerdo está compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales: 1. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. 2. Unidad de búsqueda de personas desaparecidos, 3. Jurisdicción Especial para la Paz, 4. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz y 5. Garantías de no repetición.

Además de satisfacer los derechos de los 8.131.269 de víctimas contabilizadas por el Registro Único de Víctimas y garantizar la seguridad jurídica de actores que participaron en el conflicto armado, que ahora se comprometen con la satisfacción de los derechos a quienes afectaron, estos mecanismos apuntan al fomento de una coexistencia pacífica de todos los integrantes de la sociedad colombiana.

Jurisdicción Especial de Paz. En este acuerdo también se pactó un mecanismo de justicia transicional que tiene la particularidad de ser el primero diseñado bajo el manto de la Corte Penal Internacional.  Este sistema crea una jurisdicción especial que juzgará a todos los actores del conflicto, sean guerrillas, miembros de las Fuerzas Armadas o civiles que hayan financiado la guerra.

Su máximo órgano será un Tribunal de Paz, conformado por 24 magistrados, que sancionará los delitos más graves, como los de lesa humanidad, bajo el contexto de una justicia restaurativa y garantizando la verdad, la reparación y la no repetición.

Esta jurisdicción trae tres tipos de penas: una para quienes admiten su responsabilidad, otra para quienes lo hacen tardíamente y la última para quienes no lo hacen. Para los primeros habrá “restricción de libertades y derechos” de cinco a ocho años y además deberán realizar “trabajos, obras y actividades”. Penas privativas de la libertad de 5 a 8 años para los segundos. Y para los terceros habrá “pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”.

Es decir, no habrá impunidad, porque cada delito contará con una sanción, que más allá de ser punitiva tiene la característica de esclarecer lo sucedido en el conflicto y reparar a la víctima afectada.

Por: Diana Rico Revelo - Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos

Punto 6: Refrendación e implementación

 

La refrendación del Acuerdo Final de Paz se hará por medio del plebiscito por la paz, el cual, de acuerdo con la convocatoria hecha por el presidente Juan Manuel Santos, será votado este 2 de octubre.

Esto no es de fácil comprensión, debido a que en Colombia nos hemos habituado al juego democrático desde el protagonismo de personas, que logran visibilizarse con una variedad de discursos, que influyen en la toma de nuestras decisiones políticas.

Tal vez por esta razón resulta complejo para el votante, presentarse por primera vez ante una urna en la que no encontrará tarjetones con rostros de personas ni logos de partidos. Pero a la vez, esta situación representa un escenario propicio para cambiar la calidad de nuestra democracia y dar cuenta de que la palabra de los ciudadanos, convertida en votos, no surge de la influencia de políticos, sino que, por el contrario, es la última palabra para dar apertura hacia la construcción de la paz y la reconciliación, que es una cuestión que tiene el rostro de millones de colombianos y no hace parte de ningún partido político.

Se trata de que, con la propuesta de un acuerdo que involucra a los dos contendientes: de un lado una guerrilla, que acepta entrar a participar en el juego democrático renunciando a la vía armada, y del otro el gobierno, que acepta mediante un programa de reformas abrir un espacio de construcción de una apertura en la democracia y desterrar las prácticas de aniquilación del opositor. Es una oportunidad para que los colombianos repensemos el país, o lo empecemos a pensar como colectivo.

Me refiero específicamente a que los puntos discutidos, y acordados en La Habana, se refieren a los conflictos estructurales que padecemos desde hace años.

Nos encontramos, entonces, frente a un proceso en el que se plantean intersecciones con relación a los intereses. Es la posible desmovilización de un grupo insurgente y, por primera vez en la historia del país, los colombianos tenemos la posibilidad de votar para manifestar nuestro interés en que los conflictos se resuelvan con instrumentos diferentes a los que hasta ahora se han utilizado. Así las cosas, la participación en el proceso de votación podría provocar que la paz, no solo se logre a nivel individual en su carácter de derecho fundamental, –aspecto que escapa a la voluntad de las mayorías–, sino que se construya con un consenso social sobre la solución de problemas estructurales del país.

Sin embargo, la transición hacia esta construcción colectiva de la paz presenta complejidades e inconvenientes: por una parte, ¿cómo lograr que la población aspire a algo que no conoce?, nosotros y nuestros hijos hemos crecido en medio de bombas, secuestros, atracos, tomas guerrilleras, matanzas de paramilitares, acciones y reacciones desmedidas de gobiernos; el miedo al que nos hemos habituado ya ha dejado de asombrarnos porque circula por nuestras venas, y el contexto internacional no está alejado de estas mismas miserias.

 

Nuestras Visitas
Horarios de Atención

Lunes a Viernes:

De 8:00 am a 5:30 pm Jornada Continua

Sábados: 8:30 am A 12:30 pm

Nuestra Ubicación


Dirección: Calle 7 No. 8 - 37 B/ San Pedro

Telefonos: (572)8881916 - (572)8881935 -

(572)8881940


Galeria de Fotos

Click en las Imagenes Para Ampliar