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regimen juridico de la sociedad patrimonial de las parejas del mismo sexo

Regimén jurídico de la sociedad patrimonial de parejas del mismo sexo

Sentencia SC17162-2015 de diciembre 14 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El caso:

En los autos se encuentran debidamente demostrados los siguientes hechos que tienen incidencia en la decisión que se está adoptando:

a) Que existió una comunidad de vida con ánimo de permanencia entre Jairo Rosmiro Barrera Sánchez y Eiberts Hernández Usme, surgida desde el 31 de diciembre de 2004.

b) Que ese vínculo terminó con ocasión del fallecimiento del segundo de ellos, ocurrido el 28 de septiembre de 2009.

c) Que la convivencia perduró por más de dos años.

d) Que la Corte Constitucional, aludiendo al artículo 1º de la Ley 54 de 1990, relativo a la unión marital, ha proferido tres fallos de exequibilidad, así:

i) C.C., C-239/94, que lo declaró exequible.

ii) C.C. C-098/96 en la que dispuso

estarse a lo resuelto en la Sentencia C-239 de 1994 en relación con la expresión “a partir de la vigencia de la presente ley” del artículo primero; y declarar EXEQUIBLE la parte restante del mismo artículo, que dice: (…) “para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. (…) Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

iii) C.C., C-075/07 que resolvió

“declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”.

 

5. El acuerdo discrecional de constituir un maridaje, en sus diversas expresiones, ha sido previsto legislativamente en forma distinta, partiendo de dos enfoques: el primero ser fuente de familia y el segundo como una manifestación del libre desarrollo de la personalidad.

 

El matrimonio fue regulado con la expedición del código civil de la unión el 26 de mayo de 1873, adoptado por la República mediante la Ley 57 de 1887, entendido como un contrato solemne celebrado entre un hombre y una mujer que se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, y una vez perfeccionado escapa a la órbita de los contrayentes porque estos deben someterse a los designios legales que lo regulan.

6. En desarrollo del derecho a la igualdad y al principio de mutuo respeto que debe darse en el campo de los lazos afectivos, fue expedida la Ley 54 de 1990 que consagró el concepto de familia derivado de la denominada “unión marital de hecho”, cuya existencia puede ser establecida mediante las presunciones legales contempladas en su artículo segundo.

Después, por decisión mayoritaria, cambió de criterio y estimó que

un nuevo análisis de esta problemática conduce a la Corte a modificar su aludida doctrina, para concluir que la Ley 54 de 1990 sí aplica a las uniones maritales que, surgidas con anterioridad a su promulgación, continuaron desarrollándose sin solución de continuidad durante su vigencia —no así a las que para ese momento ya habían fenecido—, por manera que para los efectos de la conformación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, debe tenerse en cuenta la totalidad del tiempo que ellos convivieron, incluido, por supuesto, el anterior al 31 de diciembre de 1990, en el obvio entendido que se verifiquen todos los presupuestos requeridos por la normatividad patria. (CSJ, SC oct. 28/2005, rad. 00591-01, reiterada en SC ago. 12/2011, rad. 2005-00997-01, SC ago. 5/ 2013, rad. 2008-00084-02 y SC 10561 de 2014, rad. 2007-1170-01).~o~

 

Así las cosas, el criterio actual de la Corte tiende a señalar que la Ley 54 de 1990 impone reconocer, respecto de sus efectos en el tiempo, las uniones maritales de hecho nacidas con anterioridad a la promulgación de dicho mandato y que perduraron sin solución de continuidad hasta épocas posteriores (aplicación retrospectiva), mientras que las fenecidas antes de la expedición de tal normatividad no podían serlo (retroactividad).~o~

 

7. Las uniones maritales de hecho conformadas entre personas heterosexuales y la interpretación del ordenamiento legal que las rige se fundan en que la familia es el “núcleo fundamental de la sociedad”, independientemente de su conformación, cuya protección integral debe estar plenamente garantizada (C.P., art. 42).~

 

8. Pero las relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo han tenido un tratamiento diferente, porque solo se les dotó de trascendencia a partir del año 1991, con ocasión de los pronunciamientos de la jurisdicción constitucional, respondiendo, por un lado, a la necesidad de reconocer garantías individuales ya que “[t]odas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, lo que incluye la opción sexual (art. 16, ibídem), y, de otro, por la carencia de una regulación normativa, lo que para esa época no era considerado discriminatorio en la medida en que el principio de protección a la familia alude únicamente a las uniones conformadas por quienes tienen distinto género.~o~

 

En segundo orden, la providencia declaró exequibles los preceptos cuestionados “en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”.

 

Esta determinación se basó en que, después de dieciséis (16) años de expedida la ley primigenia y diez (10) de haberse encontrado exequible con ausencia de reparos, no dejando “de lado los criterios de protección a la familia y a la mujer que inspiraron la expedición”, actualmente “cobra mayor relevancia la dimensión regulatoria de la situación patrimonial de la pareja en condiciones de equidad y de ello es testimonio el énfasis que en el análisis del régimen previsto en la ley y en la consideración de los elementos que le dan sustento se pone en las condiciones de convivencia como expresión de un proyecto de vida en común con solidaridad y apoyo mutuo”, aunque no hayan desaparecido sus fundamentos iniciales, lo que ameritaba “la viabilidad constitucional del régimen tal como está concebido en el texto legal”.

 

Sin embargo, no debía pasarse por alto “la insuficiencia de la regulación en relación con el objeto que le es propio, puesto que hoy, junto a la pareja heterosexual, existen —y constituyen opciones válidas a la luz del ordenamiento superior— parejas homosexuales que plantean, en el ámbito patrimonial, requerimientos de protección en buena medida asimilables a aquellos que se predican de la pareja heterosexual” toda vez que “los homosexuales que cohabitan se encuentran desprotegidos patrimonialmente, porque al terminarse la cohabitación no tienen herramientas jurídicas para reclamar de su pareja la parte que les corresponde en el capital que conformaron durante el tiempo de convivencia” y agregó que ese desamparo “es también evidente en el evento de muerte de uno de los integrantes de la pareja, caso en el cual, por virtud de las normas imperativas del derecho de sucesiones, el integrante supérstite podría ser excluido de la titularidad de los bienes que conformaban ese patrimonio, por el derecho de los herederos del causante”.

 

Es decir, que fue ampliado el régimen de protección que en principio había sido concebido para ligámenes heterosexuales a los conformadas por personas del mismo género, bajo la condición de que reunieran los requisitos previstos para las uniones maritales de hecho, esto es, la comunidad de vida permanente y singular, mantenida por lo menos durante dos años, la que también quedó cobijada por la presunción de sociedad patrimonial y otorgando la posibilidad a sus integrantes de acudir, de manera individual o conjunta, a las acciones judiciales pertinentes para que sea declarada.

 

Lo anterior correspondió a un pronunciamiento desde un enfoque distinto al plasmado en la providencia C-098 de 1996, porque de por medio estaba la expedición de la Ley 979 de 2005 contentiva de una reforma al régimen económico de las uniones maritales de hecho y circunstancias que no habían sido objeto de pronunciamiento previo, las que debían ser analizadas rectificando la carencia de una regulación específica sobre la materia en tratándose de dúos integrados por personas de idéntico sexo, trato desigual de cara a las uniones conformadas entre un hombre y una mujer. En suma, el propósito de proteger a la familia fue ampliado al campo de la “pareja” en sus diferentes connotaciones.

 

9. En el presente caso, los dos cargos estudiados se refieren a los efectos de la Ley 54 de 1990 en virtud al pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional, con la salvedad de que el primero alude a la indebida aplicación de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º y 7º de la misma, como consecuencia de la violación directa del artículo 45 de la ley 270 de 1996, y el segundo lo circunscribe a la interpretación errónea de los dos primeros citados y el uso impropio de los siguientes, con exclusión del último.

 

Como se observa, en esencia las normas señaladas son iguales y las exposiciones que les sirven de sustento se integran, orientándose en el empleo temporal de una regulación que reconoce la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, como consecuencia de la extensión de sus efectos a las conformadas entre personas del mismo sexo, por lo que se abre paso a su estudio conjunto.

 

El ataque cuestiona que el tribunal, con fundamento en lo resuelto por la Corte Constitucional en C-075 de 7 de febrero de 2007, supuestamente le dio efectos retroactivos a la comunidad de vida demostrada entre el demandante y Eiberts Hernández Usme, ya que la reconoció desde el 31 de diciembre de 2004, fecha anterior al referido fallo.

 

 

 

 

 

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