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Quienes Somos?

temas notariales

Son encargados de llevar el registro del estado civil de las personas: dentro del territorio nacional, los notarios, y en los municipios que no sean sede de notaría, los registradores municipales del estado civil de las personas, o en su defecto, los alcaldes municipales. El funcionario encargado de llevar el registro del estado civil de las personas no puede autorizar inscripciones de hechos, o providencias que se refieran a su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o en casos en que tenga interés directo. Para tales inscripciones será reemplazado por su sustituto legal.

 

 

1983

 

Decreto 2148 de 1983 Nivel Nacional

 

Se reglamenta la función notarial, servicio, fe pública, calidad del Notario art. 1 a 7. Funciones del Notario, de las escrituras públicas, otorgamiento y autorización; cancelaciones; art. 8 a 56. Situaciones administrativas de los Notarios; responsabilicad en el ejercicio del oficio; faltas y sanciones calificación; vigilancia notarial, art. 104 a 141. Vigencia, art. 148.

 

1989

 

Decreto 1555 de 1989 Nivel Nacional

 

Adicional información al Decreto - Ley 999 de 1998, en el sentido de establecer un trámite notarial y una facultad para los representantes legales de los menores de edad o de los hijos adoptivos en relación al cambio de nombre del menor.

 

1994

 

Sentencia 216 de 1994 Corte Constitucional

 

El servicio público notarial es de carácter nacional, dada la generalidad de la ley, y no puede estar atribuido a una autoridad municipal o regional. La Ley está autorizada por la misma Constitución para señalar los límites de la autonomía territorial, de suerte que la Carta prevé la función delimitante del legislador estando conforme a derecho. Como el servicio público notarial es de interés general, y no de interés particular, no es consecuente que un municipio, por ejemplo, gestione como interés propio algo que por mandato de la Constitución es general y apto, por ende, de ser regulado por la Ley.

 

2003

 

Resolución 643 de 2003 Superintendencia de Notariado y Registro

 

Determina que las minutas de escrituras públicas en que intervengan organismos administrativos y entidades del sector central y descentralizado, deberán someterse a reparto entre los notarios del círculo judicial en que se realicen, la asignación del reparto estará a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro y a cargo de los Registradores de Instrumentos Públicos de las zonas norte y sur de Bogotá, para los municipios de Chía y Soacha, forma de la realización del reparto, categorías y vigilancia del cumplimiento.

 

2003

 

Sentencia 574 de 2003 Corte Constitucional

 

La disposición que impone al notario el deber de depositar los dineros destinados a él mismo en una cuenta única desconoce el principio de la autonomía de la voluntad, porque le exige a unos ciudadanos la obligación de abrir una cuenta bancaria para depositar sus ingresos, sin dejarlos en libertad de decidir si lo quieren hacer o no. La obligación del artículo 112 de la ley 788 de 2002, resulta desproporcionada en un Estado de derecho pues resulta inadmisible que el legislador imponga una exigencia de estas características a un ciudadano así ostente la condición de notario.

 

2012

 

Decreto 019 de 2012 Nivel Nacional

 

Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. Establece que las notarías que presten sus servicios en municipios o distritos hasta de segunda categoría están obligadas a expedir los registros civiles de nacimiento y defunción en los hospitales y clínicas, mediante mecanismos de obtención electrónica de la huella dactilar, si ello fuere posible (artículo 24).

 

2012

 

Fallo 1748 de 2012 Consejo de Estado

 

¿Así las cosas, se reitera que si bien no hay duda que la actividad notarial, constituye un servicio público, que implica el ejercicio de función pública por disposición de la Constitución Política, artículo 131, actividad que debe decirse reviste una especial importancia para preservar la seguridad y la paz social, en la medida en que contribuye a dar fe a los negocios celebrados entre particulares, y en no pocas ocasiones dentro de las actuaciones que surten estos ante la administración, tales circunstancias no convierten a los notarios en servidores públicos dado que, resulta evidente, que ellos no cuentan con una vinculación laboral directa y subordinada a la administración, a más de que en el desarrollo del giro ordinario de sus actividades son sujetos de obligaciones y deberes especiales, de los cuales ningún otro servidor del Estado es sujeto, como quedó visto en precedencia. Advierte la Sala que, las particularidades especiales de que goza el ejercicio de la actividad notarial, apartan a los notarios de la noción genérica de servidores públicos y, por el contrario, los aproxima a lo que la técnica de la administración pública ha denominado descentralización por colaboración, mediante la cual el Estado aprovecha la capacidad organizativa con que cuenta un particular, para garantizar la efectividad en el desarrollo de la función pública, esto es, en la prestación de determinado servicio. (¿) Si bien las normas legales que regulan la actividad notarial son en su mayoría anteriores a la Constitución Política de 1991, una lectura de las mismas a la luz de la Carta vigente, permite advertir que a diferencia del empleado público que se vincula a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, los notarios gozan de un alto grado de autonomía, y son sujetos de unas obligaciones especiales, que les permite en primer lugar, de acuerdo con los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 29 de 1973, crear los empleos que requieran para el eficaz funcionamiento de las oficinas a su cargo; gozar de una remuneración constituida por las sumas de dinero que reciben por la prestación de sus servicios de conformidad con las tarifas legales, y el deber de pagar las asignaciones de sus empleados subalternos con cargo a los recursos que reciban de los usuarios por concepto de los derechos notariales autorizados por la ley.¿

 

2012

 

Sentencia 863 de 2012 Corte Constitucional

 

¿Ha establecido como notas distintivas de la actividad notarial las siguientes: (i) es un servicio público; (ii) a cargo de particulares, que actúan en desarrollo del principio de descentralización por colaboración; (iii) que además apareja el ejercicio de una función pública, en tanto depositarios de la fe pública; (iv) que para estos efectos se encuentran investido de autoridad; (v) sin que por ello adquieran el carácter de servidores públicos o de autoridades administrativas en sentido subjetivo u orgánico. La actividad notarial es considerada por el orden jurídico5 como un servicio público (Art. 131 C.P.) en razón a que constituye una labor destinada a satisfacer, de manera continua y obligatoria, una necesidad de interés general, como es la función fedante, sometida a un régimen jurídico especial, bien sea que se preste por el Estado o por los particulares. Los servicios públicos, según nuestro ordenamiento jurídico, son inherentes a la finalidad social del Estado, en virtud de lo cual asume éste la responsabilidad de asegurar su prestación eficiente ¿. ¿...Esta finalidad básica del servicio notarial pone en evidencia que los notarios no desarrollan únicamente un servicio público, como podría ser el transporte o el suministro de electricidad, sino que ejercen una actividad, que, si bien es distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, no puede ser calificada sino como una verdadera función pública. En efecto, el notario declara la autenticidad de determinados documentos y es depositario de la fe pública, pero tal atribución, conocida como el ejercicio de la ¿función fe dante¿, la desarrolla, dentro de los ordenamientos que han acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de una delegación de una competencia propiamente estatal, que es claramente de interés general¿

 

2013

 

Decreto 188 de 2013 Nivel Nacional

 

las autorizaciones de las declaraciones de voluntad que de conformidad con la ley requieran la solemnidad de escritura pública, al igual que la de aquellas que los interesados deseen revestir de tal solemnidad tendrá los siguientes derechos, Actos sin cuantía o no determinable, Actos con cuantía, Liquidación de herencias y sociedades conyugales entre otras. En cuanto al testimonio notarial corresponde rendir al notario, en la presentación personal y el reconocimiento de documento privado, en el de la autenticidad de firmas puestas en documentos previa confrontación de su correspondencia con la registrada en la notaría, en el de la autenticidad de firmas y huellas dactilares puestas en su presencia, en el de la autenticidad de fotografías de persona.

 

2013

 

Decreto 1464 de 2013 Nivel Nacional

 

Las escrituras públicas mediante las cuales se transfiera el derecho de dominio a quienes resulten beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) de acuerdo con el Decreto número 1921 de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, deberán indicar que la vivienda se ejecutó en el marco del Programa de Vivienda Gratuita. Asimismo, los Registradores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, al momento de registrar dichas escrituras públicas, deberán incluir las anotaciones correspondientes a la constitución del patrimonio familiar inembargable.

 

2013

 

Fallo 683 de 2013 Consejo de Estado

 

El régimen disciplinario aplicable a los Notarios corresponde al especial de los particulares, contenido en el Libro III, Título I de la Ley 734 de 2002, que en el artículo 57 estableció que para la graduación de la sanción además se tendrán en cuenta los criterios consagrados para los servidores públicos, y de igual manera el mismo ordenamiento jurídico en el Título II dispuso un Régimen Especial de los Notarios, y en el artículo 61 de manera expresa estableció que constituyen faltas imputables a los Notarios, además las contempladas en el artículo 48 ibidem. Lo anterior significa que a los Notarios les es aplicable la Ley 734 de 2002 de manera integral, dado que, a pesar de contener un Régimen Especial de Notarios, remite para su aplicación a diferentes capítulos de la misma. La facultad disciplinaria conforme al artículo 59 ídem se aplicará por la Superintendencia de Notariado y Registro, como órgano de control especial, esto, sin perjuicio del poder preferente que puede ser ejercido por la Procuraduría General de la Nación.

 

2016

 

Ley 1796 de 2016 Nivel Nacional

 

Establece medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos. Los notarios y registradores de instrumentos públicos no procederán a otorgar ni inscribir respectivamente ninguna escritura de transferencia de la propiedad inmuebles hasta tanto se cumpla con la obligación de protocolizar e inscribir la certificación técnica de ocupación de la manera prevista en el artículo 6° de la presente ley. La certificación técnica de ocupación podrá protocolizarse en el mismo acto de transferencia o en actos independientes.

 

2017

 

Resolución 6334 de 2017 Superintendencia de Notariado y Registro

 

Fijan los subsidios en dinero para garantizar la prestación del servicio notarial en las Notarías de Insuficientes ingresos, el cual se calcula tomando en consideración el número de escrituras y el ingreso bruto mensual promedio del año anterior. El ingreso bruto corresponde al total de ingresos y se establecerá de acuerdo con la información suministrada por los Notarios en el Informe Estadístico Notarial; y se establece el procedimiento para su pago en la vigencia fiscal del año 2017

 

2020

 

Decreto 805 de 2020 Nivel Nacional

 

Crea por el término de cuatro (4) meses, con cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro, un apoyo económico para todas las Notarías del país, destinado al cumplimiento de sus obligaciones laborales, con el objeto de proteger el empleo de los trabajadores que prestan sus servicios en las Notarías del país, en razón de los efectos generados con ocasión de la enfermedad Coronavirus COVID-19.

 

 

 

temas n

Son encargados de llevar el registro del estado civil de las personas: dentro del territorio nacional, los notarios, y en los municipios que no sean sede de notaría, los registradores municipales del estado civil de las personas, o en su defecto, los alcaldes municipales. El funcionario encargado de llevar el registro del estado civil de las personas no puede autorizar inscripciones de hechos, o providencias que se refieran a su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o en casos en que tenga interés directo. Para tales inscripciones será reemplazado por su sustituto legal.

 

 

1983

 

Decreto 2148 de 1983 Nivel Nacional

 

Se reglamenta la función notarial, servicio, fe pública, calidad del Notario art. 1 a 7. Funciones del Notario, de las escrituras públicas, otorgamiento y autorización; cancelaciones; art. 8 a 56. Situaciones administrativas de los Notarios; responsabilicad en el ejercicio del oficio; faltas y sanciones calificación; vigilancia notarial, art. 104 a 141. Vigencia, art. 148.

 

1989

 

Decreto 1555 de 1989 Nivel Nacional

 

Adicional información al Decreto - Ley 999 de 1998, en el sentido de establecer un trámite notarial y una facultad para los representantes legales de los menores de edad o de los hijos adoptivos en relación al cambio de nombre del menor.

 

1994

 

Sentencia 216 de 1994 Corte Constitucional

 

El servicio público notarial es de carácter nacional, dada la generalidad de la ley, y no puede estar atribuido a una autoridad municipal o regional. La Ley está autorizada por la misma Constitución para señalar los límites de la autonomía territorial, de suerte que la Carta prevé la función delimitante del legislador estando conforme a derecho. Como el servicio público notarial es de interés general, y no de interés particular, no es consecuente que un municipio, por ejemplo, gestione como interés propio algo que por mandato de la Constitución es general y apto, por ende, de ser regulado por la Ley.

 

2003

 

Resolución 643 de 2003 Superintendencia de Notariado y Registro

 

Determina que las minutas de escrituras públicas en que intervengan organismos administrativos y entidades del sector central y descentralizado, deberán someterse a reparto entre los notarios del círculo judicial en que se realicen, la asignación del reparto estará a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro y a cargo de los Registradores de Instrumentos Públicos de las zonas norte y sur de Bogotá, para los municipios de Chía y Soacha, forma de la realización del reparto, categorías y vigilancia del cumplimiento.

 

2003

 

Sentencia 574 de 2003 Corte Constitucional

 

La disposición que impone al notario el deber de depositar los dineros destinados a él mismo en una cuenta única desconoce el principio de la autonomía de la voluntad, porque le exige a unos ciudadanos la obligación de abrir una cuenta bancaria para depositar sus ingresos, sin dejarlos en libertad de decidir si lo quieren hacer o no. La obligación del artículo 112 de la ley 788 de 2002, resulta desproporcionada en un Estado de derecho pues resulta inadmisible que el legislador imponga una exigencia de estas características a un ciudadano así ostente la condición de notario.

 

2012

 

Decreto 019 de 2012 Nivel Nacional

 

Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. Establece que las notarías que presten sus servicios en municipios o distritos hasta de segunda categoría están obligadas a expedir los registros civiles de nacimiento y defunción en los hospitales y clínicas, mediante mecanismos de obtención electrónica de la huella dactilar, si ello fuere posible (artículo 24).

 

2012

 

Fallo 1748 de 2012 Consejo de Estado

 

¿Así las cosas, se reitera que si bien no hay duda que la actividad notarial, constituye un servicio público, que implica el ejercicio de función pública por disposición de la Constitución Política, artículo 131, actividad que debe decirse reviste una especial importancia para preservar la seguridad y la paz social, en la medida en que contribuye a dar fe a los negocios celebrados entre particulares, y en no pocas ocasiones dentro de las actuaciones que surten estos ante la administración, tales circunstancias no convierten a los notarios en servidores públicos dado que, resulta evidente, que ellos no cuentan con una vinculación laboral directa y subordinada a la administración, a más de que en el desarrollo del giro ordinario de sus actividades son sujetos de obligaciones y deberes especiales, de los cuales ningún otro servidor del Estado es sujeto, como quedó visto en precedencia. Advierte la Sala que, las particularidades especiales de que goza el ejercicio de la actividad notarial, apartan a los notarios de la noción genérica de servidores públicos y, por el contrario, los aproxima a lo que la técnica de la administración pública ha denominado descentralización por colaboración, mediante la cual el Estado aprovecha la capacidad organizativa con que cuenta un particular, para garantizar la efectividad en el desarrollo de la función pública, esto es, en la prestación de determinado servicio. (¿) Si bien las normas legales que regulan la actividad notarial son en su mayoría anteriores a la Constitución Política de 1991, una lectura de las mismas a la luz de la Carta vigente, permite advertir que a diferencia del empleado público que se vincula a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, los notarios gozan de un alto grado de autonomía, y son sujetos de unas obligaciones especiales, que les permite en primer lugar, de acuerdo con los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 29 de 1973, crear los empleos que requieran para el eficaz funcionamiento de las oficinas a su cargo; gozar de una remuneración constituida por las sumas de dinero que reciben por la prestación de sus servicios de conformidad con las tarifas legales, y el deber de pagar las asignaciones de sus empleados subalternos con cargo a los recursos que reciban de los usuarios por concepto de los derechos notariales autorizados por la ley.¿

 

2012

 

Sentencia 863 de 2012 Corte Constitucional

 

¿Ha establecido como notas distintivas de la actividad notarial las siguientes: (i) es un servicio público; (ii) a cargo de particulares, que actúan en desarrollo del principio de descentralización por colaboración; (iii) que además apareja el ejercicio de una función pública, en tanto depositarios de la fe pública; (iv) que para estos efectos se encuentran investido de autoridad; (v) sin que por ello adquieran el carácter de servidores públicos o de autoridades administrativas en sentido subjetivo u orgánico. La actividad notarial es considerada por el orden jurídico5 como un servicio público (Art. 131 C.P.) en razón a que constituye una labor destinada a satisfacer, de manera continua y obligatoria, una necesidad de interés general, como es la función fedante, sometida a un régimen jurídico especial, bien sea que se preste por el Estado o por los particulares. Los servicios públicos, según nuestro ordenamiento jurídico, son inherentes a la finalidad social del Estado, en virtud de lo cual asume éste la responsabilidad de asegurar su prestación eficiente ¿. ¿...Esta finalidad básica del servicio notarial pone en evidencia que los notarios no desarrollan únicamente un servicio público, como podría ser el transporte o el suministro de electricidad, sino que ejercen una actividad, que, si bien es distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, no puede ser calificada sino como una verdadera función pública. En efecto, el notario declara la autenticidad de determinados documentos y es depositario de la fe pública, pero tal atribución, conocida como el ejercicio de la ¿función fe dante¿, la desarrolla, dentro de los ordenamientos que han acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de una delegación de una competencia propiamente estatal, que es claramente de interés general¿

 

2013

 

Decreto 188 de 2013 Nivel Nacional

 

las autorizaciones de las declaraciones de voluntad que de conformidad con la ley requieran la solemnidad de escritura pública, al igual que la de aquellas que los interesados deseen revestir de tal solemnidad tendrá los siguientes derechos, Actos sin cuantía o no determinable, Actos con cuantía, Liquidación de herencias y sociedades conyugales entre otras. En cuanto al testimonio notarial corresponde rendir al notario, en la presentación personal y el reconocimiento de documento privado, en el de la autenticidad de firmas puestas en documentos previa confrontación de su correspondencia con la registrada en la notaría, en el de la autenticidad de firmas y huellas dactilares puestas en su presencia, en el de la autenticidad de fotografías de persona.

 

2013

 

Decreto 1464 de 2013 Nivel Nacional

 

Las escrituras públicas mediante las cuales se transfiera el derecho de dominio a quienes resulten beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) de acuerdo con el Decreto número 1921 de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, deberán indicar que la vivienda se ejecutó en el marco del Programa de Vivienda Gratuita. Asimismo, los Registradores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, al momento de registrar dichas escrituras públicas, deberán incluir las anotaciones correspondientes a la constitución del patrimonio familiar inembargable.

 

2013

 

Fallo 683 de 2013 Consejo de Estado

 

El régimen disciplinario aplicable a los Notarios corresponde al especial de los particulares, contenido en el Libro III, Título I de la Ley 734 de 2002, que en el artículo 57 estableció que para la graduación de la sanción además se tendrán en cuenta los criterios consagrados para los servidores públicos, y de igual manera el mismo ordenamiento jurídico en el Título II dispuso un Régimen Especial de los Notarios, y en el artículo 61 de manera expresa estableció que constituyen faltas imputables a los Notarios, además las contempladas en el artículo 48 ibidem. Lo anterior significa que a los Notarios les es aplicable la Ley 734 de 2002 de manera integral, dado que, a pesar de contener un Régimen Especial de Notarios, remite para su aplicación a diferentes capítulos de la misma. La facultad disciplinaria conforme al artículo 59 ídem se aplicará por la Superintendencia de Notariado y Registro, como órgano de control especial, esto, sin perjuicio del poder preferente que puede ser ejercido por la Procuraduría General de la Nación.

 

2016

 

Ley 1796 de 2016 Nivel Nacional

 

Establece medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos. Los notarios y registradores de instrumentos públicos no procederán a otorgar ni inscribir respectivamente ninguna escritura de transferencia de la propiedad inmuebles hasta tanto se cumpla con la obligación de protocolizar e inscribir la certificación técnica de ocupación de la manera prevista en el artículo 6° de la presente ley. La certificación técnica de ocupación podrá protocolizarse en el mismo acto de transferencia o en actos independientes.

 

2017

 

Resolución 6334 de 2017 Superintendencia de Notariado y Registro

 

Fijan los subsidios en dinero para garantizar la prestación del servicio notarial en las Notarías de Insuficientes ingresos, el cual se calcula tomando en consideración el número de escrituras y el ingreso bruto mensual promedio del año anterior. El ingreso bruto corresponde al total de ingresos y se establecerá de acuerdo con la información suministrada por los Notarios en el Informe Estadístico Notarial; y se establece el procedimiento para su pago en la vigencia fiscal del año 2017

 

2020

 

Decreto 805 de 2020 Nivel Nacional

 

Crea por el término de cuatro (4) meses, con cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro, un apoyo económico para todas las Notarías del país, destinado al cumplimiento de sus obligaciones laborales, con el objeto de proteger el empleo de los trabajadores que prestan sus servicios en las Notarías del país, en razón de los efectos generados con ocasión de la enfermedad Coronavirus COVID-19.

 

 

 

turno sabado 28 de agosto de 2021



Sabádo 28 de agosto se atenderá en la Notaria Sexta de Cali en el horario de 8: 30 a.m a 12:30 p.m

 

liquidación sociedad conyugal y patrimonial

¿Qué es la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes?

  • Una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se presume y hay lugar a declararla judicialmente cuando hay unión marital de hecho entre un hombre y una mujer, durante un período no inferior a dos (02) años.
  • Cuando exista una unión marital de hecho, por un lapso inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes. Esta sociedad patrimonial se constituye por escritura pública ante notario, por diligencia de conciliación ante notario o conciliador, o, por sentencia judicial. Esta diligencia, se debe hacer personalmente.
  • Hacen parte de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes los salarios, primas, cesantías, pensiones, productos de indemnizaciones y demás, procedentes de empleo y oficios devengados por los compañeros permanentes o por uno de ellos, durante la existencia de la unión marital de hecho y los bienes que cualquiera de los dos compañeros permanentes adquiera durante la existencia de la unión marital de hecho.

Disolución y liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo

La disolución y la liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo de los cónyuges, se puede hacer mediante escritura pública ante un notario y consiste en elevar a escritura pública la manifestación de los cónyuges de disolver la sociedad conyugal, el inventario de los bienes y las deudas y la liquidación y adjudicación entre ellos.

Los requisitos para efectuar la escritura de disolución y liquidación son:

Copias de las cédulas de ciudadanía, copia autenticada del registro civil de matrimonio, si hubiesen inmuebles, paz y salvo municipal o de predial, paz y salvo de valorización y comprobantes fiscales de los inmuebles.

No son bienes de la sociedad conyugal, los bienes adquiridos por alguno de los cónyuges a título de donación, herencias o legado, o, los obtenidos con dineros propios definidos en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de muerte.

 

20 de julio de 2021

Este 20 de julio tenemos que celebrar la fiesta patria, con tranquilidad, en completa paz. La protesta social es valida y está amparada en la constitución. 

 

Persona de apoyo e incapacidad

De la presunción de capacidad legal de las personas con discapacidad y las disposiciones anticipadas

 

11 de septiembre del 2019

 

Luis Enrique Galeano Portillo

Socio-Gerente de Resolución de Conflictos en Torrás Abogados

Profesor de Derecho Civil Personas

 

La reciente Ley 1996 del 26 de agosto del 2019 incorpora cambios sustanciales en el tratamiento de las personas con discapacidad mental y elimina la limitación de la capacidad legal o de ejercicio que respecto de ellas contemplaba el artículo 1504 del Código Civil. En consecuencia, se derogan, entre otras disposiciones, artículos de la Ley 1306 del 2009, dentro de las cuales se definían las circunstancias que permitían declarar bajo interdicción a una persona en condición de discapacidad mental absoluta, en los términos que preveía el artículo 17 de dicha normativa, o inhábil a quienes se encuadraran en los parámetros previstos para la discapacidad mental relativa conforme al artículo 32.

 

Recordemos que la capacidad legal de una persona, conforme al inciso final del artículo 1502 del Código Civil, consiste en “poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”.

 

Dicha norma se compila con el artículo 1503 del Código Civil, que establece la presunción de la capacidad legal, al indicar que “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces”.

 

Y la ley civil declaraba quiénes eran incapaces, en el artículo 1504, cuyo tenor, hasta ahora, disponía:

 

“Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender (por escrito)”.

 

“Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución”.

 

“Inciso 3º, modificado por el artículo 60 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el siguiente: Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes”.

 

“Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”.

 

La anterior disposición debía aplicarse con las precisiones tanto de la Corte Constitucional, que en la Sentencia C-983 del 13 de noviembre del 2002, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, determinó que la expresión “por escrito”, que transcribo entre paréntesis, era inexequible, debiendo entenderse a los sordomudos que no pudieran darse a entender, y, respecto de la expresión “dementes”, debía atenderse lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1306 del 2009, que dispuso: “El término ‘demente’ que aparece actualmente en las demás leyes, se entenderá sustituido por ‘persona con discapacidad mental’ y en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley en lo pertinente”.

 

Los cambios

 

Ahora bien, el artículo 57 del nuevo régimen de capacidad legal de las personas con discapacidad modifica el artículo 1504 del Código Civil, el cual quedó del siguiente tenor: “Artículo 1504. Modificado por el artículo 57 de la Ley 1996 de 2019. Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”.

 

Se observa de golpe que la modificación consiste en excluir como causal de incapacidad absoluta y relativa la discapacidad mental absoluta o relativa, reforma que va acompasada con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1996 del 2019, que complementa la presunción de capacidad legal citada en el 1503 del Estatuto Civil, indicando que:

 

“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos”.

 

“En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona”.

 

“La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral”.

 

“Parágrafo. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma”.

 

Capacidad de ejercicio

 

Así las cosas, hoy debemos entender que la discapacidad mental, absoluta o relativa ya no es causal de limitación de la capacidad de ejercicio y que, por lo tanto, la capacidad legal de estas personas se presume expresamente por esta nueva ley.

 

Incluso, conforme se desprende del parágrafo antes citado, esta nueva reglamentación del ejercicio de la capacidad legal para personas con discapacidad cobijará a quienes estén actualmente bajo interdicción o inhabilitación en los términos de la Ley 1306 del 2009, una vez se agoten los trámites previstos en esta nueva regulación que, en esencia, será el adelantamiento de un proceso de revisión de la interdicción o la inhabilitación en el que en los jueces de familia que hayan adelantado los procesos deberán citar, de oficio, a las personas que tengan sentencia de interdicción o inhabilitación, al igual que los curadores o consejeros, para determinar en ese nuevo proceso si necesitan de la adjudicación judicial de apoyos.

 

Se previene al juez para que, de considerar que las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación no requieren de la adjudicación judicial de apoyos, consigne en la nueva sentencia esa determinación y anule la sentencia de interdicción o inhabilitación del registro civil correspondiente.

 

La designación judicial de apoyos a la que se hace referencia, conforme al artículo 32 de la nueva ley, es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos.

 

Desafortunadamente, se observa que los plazos determinados para la implementación de las reglamentaciones y capacitaciones necesarias para el cabal acatamiento de esta nueva ley no fueron acompasados, pues hay plazos de 12, 18 y hasta 36 meses, para su implementación, pero de manera inmediata, se ordenó decretar la suspensión de los procesos de interdicción o inhabilitación en curso.

 

 

 

diálogos de Pancracio- junio 15 de 2021

DIALOGOS DE PANCRACIO- junio 15 de 2021

 

Pancracio: Hola viejo Juan, ¿tiempos sin vernos, donde andabas?

Juan Gárgaras: Hermano, te cuento que me fui a vivir a Villa del sur, cerca a puerto resistencia y ahora me la paso en primera línea respaldando a los muchachos que están guerreando por su futuro.

Pancracio. - No jodas y no te da miedo?

Juan Gárgaras: La verdad es que la gente allá solo habla de proyectos de superación personal, de tener una educación bilingüe, con buenos laboratorios con internet y computadores y los que terminaron bachillerato solo piensan en ingresar a la universidad y que el estado los apoye.

Pancracio: Fíjate que por acá a la gente le dicen que las personas que están en la protesta son vándalos, drogadictos y vagos.

Juan Gárgaras: Socio, vos sabes que el pueblo lleva años pidiendo oportunidades, que los gobiernos que son meros administradores de nuestros impuestos, los inviertan en lo que se necesita, ahora que la pandemia destapó la olla podrida de la corrupción y dejó a millones de personas sin empleo ni recursos, el pueblo dijo “ya basta”

Pancracio: ¿Pero no respondiste la pregunta, entonces quien hace los daños a los bienes públicos y quien causa los muertos y heridos?

Juan Gárgaras: En las protestas que se han hecho en el mundo siempre infiltran gente para que provoque a la policía y arremeta contra los manifestantes. En algunos casos son agentes del estado, en otros son individuos que pertenecen al crimen organizado que pretender ganar sembrando el caos. Lo que yo he visto son jóvenes que realizan conciertos, hacen talleres, y rechazan toda violencia.

Pancracio: Explícame bien, yo creía que en esos puntos como Siloé, la Luna, puerto resistencia, solo había desadaptados.

Juan Gárgaras: desde luego que hay rebeldía frente a los gobernantes corruptos que se aprovecharon de la pandemia para enriquecerse, pero se expresan apoyados en la constitución, lo que pasa es que a ellos los ataca el Esmad y algunos civiles armados que disparan amparados en policías corruptos, entonces hay una reacción de defensa que desemboca en zozobra y terror.

Pancracio: ¿Bueno, pero al fin que se ganado?

Juan Gárgaras: Paradójicamente, viejo pancracio, los ganadores hasta ahora han sido los que nos descalifican, son los que se auto denominan “personas de bien”, que son los que viven en estratos altos, con la retirada de la reforma tributaria y de la salud, no van a pagar IVA a los servicios públicos, IVA a los alimentos que ellos consumen, seguros médicos para enfermedades catastróficas y también de la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos.

Pancracio: ¿Eso quiere decir que los sectores populares ponen los muertos y los ricos son los únicos ganadores?

Juan Gárgaras: Hasta el momento las cosas van así, pero el pueblo ha adquirido conciencia y seguramente el gobierno tendrá que aceptar que los recursos públicos son del pueblo y que ahora se necesitan para la educación de la gente sin recursos y para subsidiar a la microempresa y no a los de siempre, que vos sabes quienes son.

Pancracio: Cuídate Juan, envíale un mensaje de solidaridad a los amigos de la resistencia.

Juan Gárgaras: Un abrazo.

 

 

 

 

 

 

 

diálogos de Pancracio- junio 15 de 2021

DIALOGOS DE PANCRACIO- junio 15 de 2021

 

Pancracio: Hola viejo Juan, ¿tiempos sin vernos, donde andabas?

Juan Gárgaras: Hermano, te cuento que me fui a vivir a Villa del sur, cerca a puerto resistencia y ahora me la paso en primera línea respaldando a los muchachos que están guerreando por su futuro.

Pancracio. - No jodas y no te da miedo?

Juan Gárgaras: La verdad es que la gente allá solo habla de proyectos de superación personal, de tener una educación bilingüe, con buenos laboratorios con internet y computadores y los que terminaron bachillerato solo piensan en ingresar a la universidad y que el estado los apoye.

Pancracio: Fíjate que por acá a la gente le dicen que las personas que están en la protesta son vándalos, drogadictos y vagos.

Juan Gárgaras: Socio, vos sabes que el pueblo lleva años pidiendo oportunidades, que los gobiernos que son meros administradores de nuestros impuestos, los inviertan en lo que se necesita, ahora que la pandemia destapó la olla podrida de la corrupción y dejó a millones de personas sin empleo ni recursos, el pueblo dijo “ya basta”

Pancracio: ¿Pero no respondiste la pregunta, entonces quien hace los daños a los bienes públicos y quien causa los muertos y heridos?

Juan Gárgaras: En las protestas que se han hecho en el mundo siempre infiltran gente para que provoque a la policía y arremeta contra los manifestantes. En algunos casos son agentes del estado, en otros son individuos que pertenecen al crimen organizado que pretender ganar sembrando el caos. Lo que yo he visto son jóvenes que realizan conciertos, hacen talleres, y rechazan toda violencia.

Pancracio: Explícame bien, yo creía que en esos puntos como Siloé, la Luna, puerto resistencia, solo había desadaptados.

Juan Gárgaras: desde luego que hay rebeldía frente a los gobernantes corruptos que se aprovecharon de la pandemia para enriquecerse, pero se expresan apoyados en la constitución, lo que pasa es que a ellos los ataca el Esmad y algunos civiles armados que disparan amparados en policías corruptos, entonces hay una reacción de defensa que desemboca en zozobra y terror.

Pancracio: ¿Bueno, pero al fin que se ganado?

Juan Gárgaras: Paradójicamente, viejo pancracio, los ganadores hasta ahora han sido los que nos descalifican, son los que se auto denominan “personas de bien”, que son los que viven en estratos altos, con la retirada de la reforma tributaria y de la salud, no van a pagar IVA a los servicios públicos, IVA a los alimentos que ellos consumen, seguros médicos para enfermedades catastróficas y también de la compra de aviones de guerra por 14 billones de pesos.

Pancracio: ¿Eso quiere decir que los sectores populares ponen los muertos y los ricos son los únicos ganadores?

Juan Gárgaras: Hasta el momento las cosas van así, pero el pueblo ha adquirido conciencia y seguramente el gobierno tendrá que aceptar que los recursos públicos son del pueblo y que ahora se necesitan para la educación de la gente sin recursos y para subsidiar a la microempresa y no a los de siempre, que vos sabes quienes son.

Pancracio: Cuídate Juan, envíale un mensaje de solidaridad a los amigos de la resistencia.

Juan Gárgaras: Un abrazo.

 

 

 

 

 

 

     

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